El Gobierno Nacional amplía las “actividades esenciales”, para restringir el derecho a huelga

A través del Decreto 340, publicado este miércoles 21 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei amplió notablemente las actividades productivas que son consideradas “esenciales”, para restringir el derecho a huelga. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que esta medida fue demandada por “las multinacionales y los empresarios millonarios”.

La medida replica uno de los puntos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que fue resistido por la Justicia, por su carácter anticonstitucional.

El decreto 340, en su artículo 3°, dispone modificaciones en el artículo 24 de la Ley 25.877, de “Régimen Laboral”, para incorporar nuevas actividades productivas a la categoría de “servicios esenciales”, cuya cobertura no puede ser menor al 75%. En tanto, incorpora de manera difusa ramas productivas a las “actividades o servicios de importancia trascendental”, cuya cobertura no puede ser menor al 50%.

De esta manera, el Gobierno resuelve que la mayor parte de la actividad productiva quede alcanzada dentro de estas dos categorías, imponiendo virtualmente una restricción casi completa del derecho a la protesta, que está garantizado por la Constitución Nacional.

La esencialidad como pantalla

Para tomar dimensión del alcance de este decreto, que retoma una idea que intentó el Gobierno de Javier Milei imponer unilateralmente a través del DNU 70/2023, a continuación se detallan las actividades que quedan contenidas en estos puntos.

Dentro de las actividades “esenciales”, incluye los servicios sanitarios y hospitalarios, el transporte y distribución de medicamentos; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; los servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de niños y niñas y la prestación de servicios educativos de los niveles primario, secundario y especial; entre otras.

Asimismo, el decreto considera “actividades de importancia trascendental” a la producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; el transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; los servicios de radio y televisión; las actividades industriales continuas; la industria alimenticia en toda su cadena de valor; la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y la producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Resistencia a la esclavitud

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó el Decreto 340/2025, por limitar el derecho a huelga. “El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”, indicó.

“Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”, señaló Rodolfo Aguiar.

“La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, agregó el dirigente, brindando dimensión de lo que implica esta medida.

Alertan desde ATE que no sólo que se amplían los servicios considerados “esenciales”, para dejar sin efecto las medidas de fuerza; sino que también se crea la figura del “servicio de importancia trascendental” al que le impone la obligación de mantener un mínimo del 50% de la prestación.

Aseguran desde el gremio que es sumamente abierto el criterio, por lo que cualquier rama podrá considerarse esencial o trascendental, para restringir el derecho a huelga. Entre los criterios, por ejemplo, se inscribe la “la interrupción o suspensión de la producción que pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.

Hasta antes de la publicación del decreto, se consideraba esencial aquel servicio cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, vida o seguridad de la población, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es por eso que el sindicato considera que el Gobierno, mediante esta norma, tiene el objetivo concreto de impedir las huelgas.