Denuncian que Bullrich dispuso el traslado de 19 genocidas condenados a una cárcel de privilegio

La agrupación H.I.J.O.S. Capital reveló que el director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, decidió el traslado de 19 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, a la cárcel de Campo de Mayo; un lugar que subrayan que “no es una cárcel común” y en el que los represores cuentan con privilegios.

La medida dispuesta por el ministerio que comanda Patricia Bullrich beneficia a los siguientes genocidas: Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro y Rodolfo Oscar Cionchi, condenados en la causa ESMA; Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena y Luis Juan Donocik, condenados en la causa ABO; Lucio César Nast y Mario Alfredo Marcote, condenados en la causa Feced; Marcelo Cinto Courtaux, condenado en la causa Contraofensiva Montonera; Julio César Argüello, condenado en la causa Circuito Camps; Manuel Cordero Piacentini, condenado en la causa Plan Cóndor; y Raúl Antonio Guglielminetti, condenado en las causas Escuelita, ABO, Orletti y Coordinación Federal.

Recuerda la agrupación de Derechos Humanos que diez de esos represores condenados participaron del encuentro realizado meses atrás con diputados y diputadas de La Libertad Avanza (LLA) con condenados por delitos de lesa humanidad presos en la cárcel de Ezeiza.

Subraya H.I.J.O.S. que el argumento del Servicio Penitenciario Federal es “liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas”.

En ese marco, el organismo cuestiona que “el traslado de los genocidas a Campo de Mayo no es una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas”.

Y reiteran que “la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad”, pero que sin embargo “el único lugar para un genocida es la cárcel común”.