El Gobierno eliminó programas de prevención de la violencia de género: denuncian “violencia institucional que vulnera derechos”

En una nueva avanzada contra las conquistas del movimiento feminista y para darle continuidad a su retórica de ajuste del Estado, este viernes el Ministerio de Justicia de la Nación dio de baja programas encargados de combatir la violencia de género. Católicas por el Derecho a Decidir alertó que esta decisión es “parte de un proceso sistemático de vaciamiento que comenzó con la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y continúa con el recorte y desfinanciamiento de políticas públicas fundamentales para la vida y los derechos de mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias”.

La Resolución 291/2025 dejó sin efecto programas que habían sido impulsados por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Se trata de los siguientes: el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género; el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero; el Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad «Macachas y Remedios»; el Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el Sector Privado “Formar Igualdad”; y el Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad.

Desde el gobierno de Javier Milei justificaron la medida, remitiéndose a presuntas deficiencias en la administración de recursos públicos, superposición de funciones con otras dependencias y «falta de indicadores de impacto que justifiquen la continuidad de los programas».

La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), por su parte, denunció que “estos programas no eran ‘gastos innecesarios’, sino herramientas esenciales que acompañaban a personas en situación de violencia, fortalecían redes comunitarias y promovían proyectos productivos para quienes históricamente fueron excluidas y vulneradas y que lograron llegar a los puntos más alejados del país, con una visión realmente federal”.

Asimismo, señaló la contradicción de que “el Estado se achica cuando se trata de proteger derechos, pero se agranda cuando se trata de reprimir”; en referencia a los recortes a políticas de género y diversidad, mientras se incrementan los fondos destinados a fuerzas de seguridad y armamento.

En ese marco, CDD denuncia este desmantelamiento como “un acto de violencia institucional que vulnera derechos, pone en riesgo vidas y frena la construcción de un mundo más justo, feminista y plural”.