En Alta Gracia, el sector de la discapacidad se suma a una jornada nacional de reclamos de derechos

Este jueves 29 de mayo, instituciones que trabajan con el sector de la discapacidad en Alta Gracia se plegarán a una jornada federal en demanda de la declaración de Emergencia en Discapacidad, que se encuentra en evaluación en el Congreso. Tortuga consultó a referentes de Crecer, Fundación Espacios y Kamay para interiorizarse sobre la manera en que el ajuste en el sector viene impactando en las personas con discapacidad, sus familias, prestadores, transportistas e instituciones.

En la ciudad de Córdoba y otros puntos del país, este jueves habrá paro, marchas y manifestaciones. En Alta Gracia, con diversas actividades, las instituciones promoverán reflexiones colectivas entre profesionales, usuarios y familias, para abordar la problemática.

“Retroceso muy grande”

“Las políticas nacionales tienden a desfinanciar las prestaciones de las personas con discapacidad, lo que atenta contra todas las leyes de protección de las prestaciones básicas para esta población tan vulnerable”, advirtió Sergio López, director del centro de inclusión de las personas con discapacidad Crecer.

Asimismo, recordó que “hay una convención internacional a la que Argentina está adherida” y que “desde hace 25 o 30 años se está trabajando para dar posibilidades a una verdadera inclusión en educación, cultura, deporte, trabajo para las personas con discapacidad”.

En ese marco, subrayó que el ajuste impuesto por el Gobierno Nacional implica “un retroceso muy grande”, que deja a la deriva “a estas personas que necesitan rehabilitación, educación, formación e inclusión laboral”.

Graficó López que en 2024 “el aumento en los valores de las prestaciones ha sido muy inferior a los niveles de inflación y en lo que va de 2025 no hubo ningún tipo de actualización en los aranceles, lo que hace muy difícil sostener los servicios y las distintas prestaciones”.

A su vez, reveló que “las familias y las personas en situación de discapacidad están en una profunda vulnerabilidad” y que la nueva perspectiva planteada por el Gobierno Nacional, que intenta tomar distancia de sus responsabilidades, se desentiende de esta situación acuciante “e intenta tercerizar con las obras sociales, que no van a poder cumplir con las obligaciones”.

Y concluyó: “Es lamentable porque el trabajo de 30 años para que exista una verdadera inclusión se ve vulnerado”.

En sus diversos servicios, este jueves la institución promoverá el debate sobre esta crítica situación.

“Esto no es un reclamo por pagos, sino por derechos”

Maia González, parte del equipo de Coordinación y del Consejo de Administración de la Fundación Kamay, en la misma línea, planteó que “la situación que atraviesa el sector es muy grave” y que “las obras sociales y las prepagas no están pagando a término”, lo que subrayó que es “histórico”.

Pero alertó que a esto se suma que el nomenclador que dispone el valor de los aranceles por los servicios y prestaciones profesionales “no aumentó nada” en lo que va de 2025, pese a la sostenida inflación.

Indicó González que esto “impacta en que instituciones como hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, colegios que trabajan con personas con discapacidad estén peligrando la permanencia sin poder sostenerse”. A su vez, señaló que “también se precarizan las prestaciones de servicios como transportes o de los profesionales de la salud y acompañantes terapéuticos”, lo que “repercute en el desamparo a las familias y las personas con discapacidad, que son un sector vulnerable de la sociedad y ven recortados el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a las pensiones”.

“No podemos perder de vista que el sistema de prestaciones básicas es para las personas con discapacidad y sus familias, y no para los prestadores”, subrayó y enfatizó que “esto no es un reclamo por pagos, sino por derechos”.

Finalmente, sentenció que “no se puede hablar de inclusión, cuando este desamparo está avalado por el Gobierno Nacional y que cuando se piden respuestas, la respuesta de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) es que no hay información, cuando tendrían que estar trabajando por una solución”.

“Por eso nos reunimos, porque en este momento de políticas de desamparo y crueldad, e individualismo en la sociedad; creemos en lo colectivo. En que la salida es por ahí y que tenemos que cuidar al que tenemos al lado. En Kamay vamos a hacer un cambio de actividad, en dos turnos, y vamos a trabajar toda la comunidad, con las familias y los terapeutas, para informarnos y ser guardianes de los derechos conquistados”, concluyó.

“La dignidad y los derechos de las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”

Desde la Fundación Espacios, en tanto, calificaron la situación que atraviesa el sector de la discapacidad como “insostenible”; y detallaron que hay pagos atrasados a prestadores por parte de obras sociales y programas nacionales, recortes y desfinanciamiento de sistemas de apoyos, demoras en la actualización de araneles, que afectan la continuidad de los servicios y normativas regresivas que vulneran derechos adquiridos y contradicen la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.

“Fundación Espacios no es ajena a esta situación y ya se está viendo afectada de maneras muy angustiantes. Esta situación crítica nos está llevando a perder servicios de calidad para nuestros usuarios. Estas medidas duelen y angustian, porque impiden que podamos cumplir nuestro objetivo como Fundación, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, indicaron enfáticamente.

Asimismo, con preocupación alertaron que a este ritmo y sin actualización de los aranceles, “vamos camino al desfinanciamiento de nuestra querida institución”.

Desde esa perspectiva, plantearon que “las instituciones ya no podemos sostener derechos que el estado no garantiza” y que “la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”.

Este jueves, en la sede de San Juan Bosco 70, la Fundación llevará adelante una jornada de trabajo interno para abordar esta problemática.

Un desfasaje terminal

En el último cuatrimestre de 2024, frente a un 11,3% de inflación acumulada, los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad aumentaron un 3,3%; mientras que en lo que va de de este año, no ha habido ninguna actualización, pese a que la inflación acumula un 11,1%. Según el Foro de Discapacidad, hay un desfasaje acumulado negativo del 73% en los valores de las prestación, en relación a la inflación.
La emergencia en debate

El proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad que avanza en Diputados y que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, calificó como “político” para desvalorizarlo; pretende que hasta el 31 de diciembre de 2027 se garantice en todo el país el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a tener buena salud, estudiar, trabajar, recibir ayuda y servicios necesarios, vivir bien y con dignidad.

En rigor, se propone que el Estado Nacional pague correctamente las pensiones para personas con discapacidad; que se ayude a prestadores de servicios, como escuelas especiales y centros de salud; se aumenten los pagos por servicios según la inflación; se le brinden fondos suficientes a la Agencia Nacional de Discapacidad; garantizar el trabajo protegido para personas con discapacidad; escuchar a las personas con discapacidad y sus organizaciones para tomar decisiones; y tomar otras medidas necesarias con acuerdo del Consejo Federal de Discapacidad.

Las consecuencias pueden ser “devastadoras”

Una carta abierta firmada por más de una treintena de instituciones destaca que “Argentina cuenta con un sistema de atención a personas con discapacidad que ha sido ejemplo en América Latina y en el mundo”; basado en el trabajo personalizado, con profesionales altamente capacitados y cobertura garantizada en cada rincón del país; y que “ha permitido que miles de personas con discapacidad y sus familias accedan a herramientas fundamentales para desarrollar una vida autónoma e independiente”.

Si este sistema colapsa, advierten que “las consecuencias serán devastadoras”.

“Tal como están las cosas hoy, y si el Estado Nacional no da respuestas urgentes, la realidad que se impone es que solo podrán acceder a estas prestaciones quienes puedan pagarlas. Quienes no, quedarán excluidos. Esto ya ocurre en muchos países, donde la inclusión de personas con discapacidad es un privilegio y no un derecho. Ese es, sin dudas, el aspecto más doloroso de lo que hoy estamos viviendo”, subraya el comunicado.

Finalmente, detalla que “más de un millón y medio de argentinos con discapacidad, dentro de los que se encuentran niños, niñas y jóvenes, están sufriendo afectaciones en sus derechos fundamentales por falta de GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO”.