El radicalismo impulsa una declaración de “Emergencia en Discapacidad “ local

El bloque radical de Alta Gracia Cambia en el Concejo Deliberante presentará formalmente un proyecto para que se declare en el plano local la “Emergencia en Discapacidad”, que contemplaría la creación de un Fondo Municipal para asistir a las instituciones del sector y también eximiciones y beneficios tributarios para profesionales y transportistas.

La iniciativa responde, expresamente, a “la necesidad de prever medidas y acciones concretas” frente a la “situación que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en la Argentina, de público conocimiento, de la cual nuestra ciudad no es ajena”.

El proyecto toma en consideración que instituciones locales que trabajan en discapacidad se encuentran frente a un “riesgo inminente de colapso de los servicios esenciales” que prestan a diario y que promueven la inclusión de personas con discapacidad.

La propuesta radical hace referencia a los datos difundidos por las mismas instituciones, que dan cuenta de que a los escasos incrementos que recibían las instituciones del país en sus ingresos de 2023, “en la última parte de 2024 la situación se agravó”, con irrisorios aumentos, y en 2025 se llega a una situación límite, al no aplicarse ningún alza para hacer frente a la inflación.

También se considera que en el último año los costos e funcionamiento de las instituciones se duplicaron, debido a la crisis económica que atraviesa el país; y que los servicios de traslado de pacientes bajo tratamientos crónicos presentaron un reclamo de forma pública en el que constatan que desde el mes de diciembre su prestación NO recibe aumento en sus aranceles, recibiendo actualmente 500 pesos por kilómetro; mientras que los prestadores de servicios del sector plantean demoras en los pagos de entre 60 y 120 días.

La emergencia en discapacidad local tendría un plazo de un año y en su artículo 2° dispondría la creación de un Fondo Municipal de Discapacidad, destinado a las Instituciones de la Ciudad que trabajan y asisten a personas con discapacidad, que estén inscriptas como tal, para el pago de un acompañamiento económico a los profesionales que asisten a las persona con discapacidad frente a la crisis en la cadena de pago de las prestaciones que realizan.

El artículo 3°, en tanto, contempla una eximición del pago de servicio de COSAG a las instituciones y fundaciones que trabajen con personas con discapacidad; y el 4°, la eximición de la tasa del automotor a los transportistas de pacientes bajo tratamiento crónico, autorizados y registrados
bajo RUGEPRESA.

También se plantea la eximición de la tasa del automotor a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad y las docentes de apoyo institucional que cuenten con un vehículo
para trasladarse a sus lugares de trabajo (Artículo 5°); y la gestión de la tarifa social provincial ante EPEC para el costo de la energía eléctrica que abonan para todos los servicios de rehabilitación.

El artículo 7°, en tanto, solicita al cuerpo legislativo y el Departamento Ejecutivo de Alta Gracia que hagan correspondientes reclamos al Gobierno Nacional para dé respuesta urgente a los reclamos del sector.